Rescate, ¿a cambio de qué?

A raíz de la crisis financiera y de los planes de rescate nacionales que se han ido sucediendo en estos meses, he pensando en varias ocasiones sobre la cuestión del "rescate" (esa forma de intervención pública cuyo objetivo es mantener la actividad productiva en sectores específicos de la economía). Tradicionalmente, los defensores más acérrimos (y coherentes) del libre mercado encontraban en los planes de rescate una intervención del Estado más que, como tal, introducía distorsiones y permitía mantener estructuras productivas que por si mismas no se podían mantener, lo cual era en si mismo fuente de ineficiencias. La visión de la izquierda se centraba, y se centra, más en las consecuencias que en las causas, y analiza qué costes sociales (en términos de empleo, producción, distribución de las rentas y bienestar) tiene la ausencia de actuación versus la actuación, y en función de este resultado la Administración actúa en consecuencia. La pregunta es, en esencia, la siguiente: ¿debe el Estado financiar actividades productivas ineficientes por el impacto social que puede tener la desaparición de las mismas?

Echemos un vistazo a la situación en EE.UU. y a su sector automovilístico. Las Big Three, los tres grandes fabricantes de automóviles norteamericanos (Ford, General Motors y Chrysler), se apuntaron tras el inicio de la crisis al carro de las ayudas públicas y pidieron su porción de limosna al gobierno federal, a la vista de que el sector financiero tenía muchas posibilidades de, dado el revuelo mediático, recibir una ingente cantidad de dinero. Resulta que desde hace relativamente poco tiempo Toyota, el gigante nipón, se ha erigido como líder indiscutible en la venta de coches, en EE.UU. y en el mundo. Su beneficio es mayor al de sus ocho más immediatos competidores, juntos. Siendo así, los llantos de las Big Three no se hicieron esperar, aprovechando la coyuntura y con la amenaza de la bancarrota sobre la mesa (Robert Reich, quizá uno de los mayores expertos en el tema, habla de ello en su blog).

Ante tal situación, ¿qué hacer? ¿Asistimos a las empresas que pasan por un mal momento, a riesgo de que siempre sea un mal momento, o bien cerramos el grifo y observamos impasibles cómo el Mid-west se despobla?

Bajo mi humilde punto de vista, es hora de que el Estado se deje influenciar de la eficacia del sector privado en algunas cosas, y que cumpla con su cometido: mantener el interés general. Y no solo eso, sinó que también sea plenamente eficaz en tal cometido. No hay ningún problema en que las empresas, sean del tamaño que sean, reciban una ayuda del colectivo en un momento de especial crisis económica. Pero, de forma opuesta, el colectivo debe de poder decidir sobre las decisiones que le afectan a si mismo por la vía de la empresa. Es decir, y dicho de forma resumida, llana y tremendamente clara: se requiere de un control público de las empresas intervenidas. Solo así se asegurará realmente la certera búsqueda del interés general, un interés general que las propias empresas argüían para ser sujetas de los planes de ayuda. Solo así, en definitiva, se permite mantener el doble objetivo de 1)mantener viva a la empresa y evitar el daño social de su cierre y 2)no perder el control de ese dinero propiedad del colectivo.